El pasado viernes 15 de febrero, coincidiendo con el anuncio del adelanto de las elecciones generales, tuvo lugar en la Moncloa, una reunión entre la oficina del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza y DIRSE. En la cita estuvieron presentes, de un lado, el alto comisionada, Pau Vicent Marí-Klose y la directora general, Sandra León; y, por el otro, la presidenta y la directora general de DIRSE, Elena Valderrábano y Miwi Clavera, respectivamente.
El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil es un organismo de reciente creación (19 de junio de 2018) que depende directamente de la presidencia del Gobierno y se encarga de coordinar las actuaciones y políticas con el fin de luchar contra la pobreza infantil y la desigualdad, o, en palabras del propio alto comisionado, se trata de “una célula de agitación del gobierno”, con la responsabilidad y el liderazgo de implicar a todos los actores involucrados.
En este sentido, el Alto Comisionado ya organizó a finales de 2018, una Cumbre con el Tercer Sector que contó con la participación de numerosas organizaciones, además del presidente del gobierno, y cuyas conclusiones pueden consultarse en el siguiente documento: Reflexiones del Tercer Sector en la Cumbre contra la Pobreza Infantil; y el próximo 21 de febrero, ha organizado una Cumbre de Empresas, a la que DIRSE ha sido invitada, junto a otras organizaciones del sector y empresas españolas.
Pobreza infantil en España
La pobreza infantil afecta a uno de cada tres niños en el país: un 32,9% de los menores en España está en riesgo de pobreza y exclusión social según el indicador AROPE, más de 2.749.000 menores. La media de la UE es del 26,9%, con datos de Eurostat de 2016 recopilados en ‘Infancia en datos’. Este indicador mide la población que se encuentra en alguna de estas tres situaciones: en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo.
Si atendemos sólo al riesgo de pobreza, que se mide la pobreza en relación al resto de la población: con unos ingresos inferiores al 60% de los ingresos medianos. Para los hogares de dos adultos y dos menores de 14 años, este umbral de la pobreza estaba fijado en 17.238 anuales en 2016 (último año disponible). Este escenario lo vivían un 29,7% de los menores de 18 años en España. Muchos de estos niños, más de la mitad, afrontan un riesgo de «pobreza severa» (con ingresos inferiores del 40% de la mediana).
En relación con Europa, España se sitúa en el podio de la pobreza infantil moderada, solo por detrás de Bulgaria y Rumanía, muy lejos de la media de la Unión Europea (21%), que ya es inaceptablemente alta. Los países que más bajo puntúan son Finlandia y Dinamarca, que tienen un sistema de bienestar muy centrado en las transferencias y en servicios para la infancia y la conciliación.
La pobreza infantil, más allá de aspectos económicos, tiene consecuencias en la salud y la educación, es por ello que, además de una cuestión de justicia social, se trata de un tema que afecta a la eficiencia y sostenibilidad del país.
