Tras un primer semestre marcado por la simplificación del marco regulatorio europeo en materia de sostenibilidad, la actividad normativa continúa evolucionando con un enfoque cada vez más orientado a facilitar la aplicación práctica de las obligaciones ASG sin renunciar a los objetivos del Pacto Verde Europeo. La Comisión Europea, las autoridades supervisoras y los reguladores nacionales avanzan en el desarrollo de herramientas destinadas a mejorar la seguridad jurídica, reducir cargas administrativas y reforzar la calidad de la información sobre sostenibilidad.
En el ámbito europeo, destacan los avances en la simplificación del marco de información sobre sostenibilidad, el desarrollo de nuevas orientaciones para la aplicación de la diligencia debida empresarial y el refuerzo de la supervisión de los mercados financieros sostenibles. En España, continúa la adaptación al marco europeo mediante iniciativas relacionadas con la transparencia corporativa, la financiación de la transición ecológica y la futura incorporación de la Directiva sobre diligencia debida. A nivel autonómico, la actividad regulatoria mantiene el foco en la gestión de residuos, la planificación ambiental, la biodiversidad y la transición energética, reflejando la creciente relevancia del ámbito territorial en la aplicación de las políticas de sostenibilidad.
Desde DIRSE, se presenta a continuación una selección de las principales novedades regulatorias.
PRINCIPALES INFORMACIONES REGULATORIAS
Ámbito europeo
La Comisión Europea continúa avanzando en la simplificación del Reglamento de la UE sobre deforestación, una medida que busca reducir cargas administrativas y facilitar su aplicación práctica, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, sin renunciar a la trazabilidad en las cadenas de suministro.
Entre las medidas planteadas figuran la reutilización de las declaraciones de diligencia debida ya presentadas, la posibilidad de realizar declaraciones anuales y la exclusión del cuero y los neumáticos recauchutados del ámbito de aplicación de la norma. La Comisión insiste en que estas modificaciones no alteran los objetivos del Reglamento, orientados a garantizar que los productos comercializados en la UE no contribuyan a la deforestación ni a la degradación forestal.
La ESMA continúa avanzando en la regulación de las calificaciones ESG, con el foco en desarrollar el nuevo Reglamento europeo sobre transparencia e integridad de las actividades de calificación ESG.
La propuesta define los requisitos para la autorización y supervisión de estas entidades, establece medidas para prevenir conflictos de interés y refuerza las obligaciones de transparencia sobre metodología, fuentes de información y procesos de evaluación. Con ello, se busca aumentar la fiabilidad, comparabilidad e integridad de las calificaciones ESG utilizadas en los mercados financieros europeos.
La Comisión Europea ha adoptado dos actos delegados para simplificar el marco europeo de la información sobre sostenibilidad, reduciendo la carga administrativa asociada al Reglamento de Taxonomía de la UE.
Entre las principales medidas se incluyen la introducción de umbrales de materialidad que permiten excluir determinadas actividades poco significativas del análisis, la reducción del número de indicadores exigidos y la simplificación de diversos requisitos técnicos asociados al principio de “no causar un perjuicio significativo”. Asimismo, las modificaciones pretenden mejorar la proporcionalidad de las obligaciones de reporte y reforzar la coherencia del marco europeo de financiación sostenible, manteniendo los objetivos de la Taxonomía y del proceso de simplificación impulsado por el paquete Ómnibus.
Las Autoridades Europeas de Supervisión (ESMA, EBA y EIOPA) han abierto una consulta conjunta para simplificar las obligaciones de divulgación vinculadas al Reglamento de Taxonomía de la UE.
La propuesta revisa los indicadores aplicables a entidades financieras con el objetivo de reducir la complejidad del reporte, eliminar requisitos que generan escaso valor informativo y mejorar la coherencia entre los distintos marcos europeos de divulgación sobre sostenibilidad. Asimismo, plantea adaptar determinados indicadores para facilitar su aplicación práctica sin modificar los objetivos de transparencia ni la comparabilidad de la información exigida por la normativa europea.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha simplificado los requisitos de divulgación sobre riesgos ESG aplicables a las entidades financieras en el marco del Pilar 3.
La actualización de las Normas Técnicas de Ejecución (ITS) adapta las obligaciones de divulgación introducidas por el Reglamento de Requisitos de Capital (CRR3) al proceso europeo de simplificación normativa impulsado por el paquete Ómnibus. Entre las principales novedades destacan la racionalización de los indicadores sobre riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, la mejora de la coherencia con las Normas Europeas de información sobre Sostenibilidad (ESRS) y la incorporación de nuevos requisitos relativos a exposiciones de renta variable y banca en la sombra. Con ello, la EBA busca reforzar la utilidad y comparabilidad de la información reduciendo, al mismo tiempo, la carga administrativa para entidades financieras.
La Comisión Europea prepara las futuras directrices para facilitar la aplicación práctica de la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD).
Las orientaciones ofrecerán criterios comunes para identificar, mitigar y reparar impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de la cadena de actividades, abordando aspectos como la priorización de riesgos, la participación de los grupos de interés, los mecanismos de reclamación y la integración de la diligencia debida en la gobernanza empresarial.
Ámbito nacional
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado una guía práctica dirigida a las entidades obligadas a remitir información al futuro Punto de Acceso Único Europeo (ESAP).
El documento explica el funcionamiento de la plataforma, el calendario de implantación y los requisitos técnicos que deberán cumplir las entidades para remitir información financiera y de sostenibilidad, facilitando así la futura aplicación del sistema europeo de acceso centralizado a la información corporativa.
España continúa avanzando en la futura transposición de la Directiva europea sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad (CSDDD).
El futuro anteproyecto establecerá obligaciones para las empresas en materia de identificación, prevención y mitigación de impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, incorporando mecanismos de supervisión, un régimen sancionador y responsabilidad civil alineados con el marco europeo. Aunque la consulta pública se inició en marzo, los trabajos preparatorios continúan durante 2026.
El Gobierno ha actualizado diversas líneas de ayudas vinculadas a la descarbonización industrial y la transición ecológica financiadas con fondos Next Generation EU.
Las modificaciones introducidas en distintas órdenes ministeriales afectan a programas destinados a movilidad eléctrica, industria descarbonizada, economía circular y transformación industrial, incorporando ajustes en los plazos de ejecución, los mecanismos de seguimiento y las obligaciones de justificación para facilitar la gestión más eficiente de los fondos europeos.
La Directiva (UE) 2026/805 actualiza las normas de calidad ambiental incorporando nuevas obligaciones de seguimiento de contaminantes emergentes y reforzando los mecanismos de control y reporte. Aunque se trata de una norma europea, tendrá impacto directo en la adaptación de la normativa española y autonómica en materia de gestión del agua.
Ámbito autonómico
Andalucía limita la entrada de residuos peligrosos procedentes de otras comunidades autónomas, ya que ha comenzado a aplicar las restricciones previstas en su Ley de Economía Circular.
La medida prioriza el tratamiento de los residuos generados en el propio territorio andaluz y limita la recepción de residuos externos salvo en determinados supuestos, como aquellos destinados a valorización o procedentes de Ceuta y Melilla.
Cataluña ha actualizado la fiscalidad ambiental aplicable al depósito e incineración de residuos. El nuevo marco establece un calendario progresivo de incremento de las tasas aplicables hasta 2030 con el objetivo de incentivar la prevención, reutilización y reciclaje frente a la eliminación de residuos, reforzando principios de economía circular.
La Xunta de Galicia ha archivado definitivamente el expediente del proyecto de la planta de celulosa y fibras textiles promovida por Altri en Lugo.
La decisión pone fin a la tramitación administrativa al considerar que el proyecto no reúne actualmente las condiciones necesarias para continuar su desarrollo, tras quedar fuera de la planificación estatal de infraestructuras eléctricas. El caso pone de relieve la importancia de la planificación energética y de los procedimientos de evaluación administrativa en la viabilidad de grandes proyectos industriales con impacto ambiental.
La Rioja ha aprobado la nueva orden de caza para la temporada 2026-2027, manteniendo al lobo como especie de interés cinegético y regulando nuevamente su captura en la comunidad autónoma.
La norma establece las condiciones para su gestión cinegética e incorpora al lobo entre las especies de caza mayor. La medida da continuidad al nuevo marco regulatorio sobre la gestión de la especie y reabre el debate entre la conservación de la biodiversidad y la protección de la actividad ganadera.
Cantabria continúa la tramitación de su futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El proyecto incorpora medidas orientadas a impulsar las energías renovables, mejorar la eficiencia energética y reforzar la planificación autonómica en materia de adaptación al cambio climático, alineando la normativa regional con los objetivos europeos de neutralidad climática.
