Carlos Arango, director general de DIRSE, analiza en una entrevista con Corresponsables los retos de la Directiva de Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad (CSDDD). La simplificación normativa introducida por el paquete Ómnibus I plantea nuevos desafíos para garantizar una gestión responsable de los impactos empresariales sobre los derechos humanos y el medioambiente.
En la conversación, nuestro director reflexiona sobre las implicaciones de estos cambios y la necesidad de integrar la diligencia debida en las decisiones estratégicas y en la gestión cotidiana de las organizaciones. Durante la conversación, también presenta el 19º toolkit de DIRSE, elaborado junto a LEAD Sostenibilidad y con el apoyo de ICEX, una guía práctica para ayudar a los profesionales a trasladar las exigencias normativas a procesos concretos.
De la simplificación normativa a la gestión responsable de los impactos
Para DIRSE, simplificar la normativa puede facilitar que las empresas comprendan mejor sus obligaciones y las apliquen con mayor eficacia. Sin embargo, como señala Arango, la reducción del número de empresas sujetas directamente a la CSDDD no elimina los riesgos ni la necesidad de gestionarlos. Las decisiones empresariales siguen teniendo consecuencias a lo largo de las cadenas de actividades, incluidos los proveedores y otros socios comerciales.
Por ello, la simplificación debe servir para facilitar la aplicación de la norma, no para rebajar la responsabilidad empresarial. El punto de partida es identificar los impactos más relevantes, establecer prioridades y adoptar medidas para prevenirlos, mitigarlos o repararlos cuando sea necesario.
Uno de los principales retos consiste en pasar del conocimiento de las obligaciones legales a su integración en la actividad diaria de la organización. La diligencia debida no es una tarea exclusivamente jurídica ni una responsabilidad que corresponda únicamente al departamento de sostenibilidad: afecta a las compras, las operaciones, la gestión de riesgos, las relaciones con proveedores y las decisiones de la dirección.
Una cadena de valor basada en la proporcionalidad y la colaboración
La aplicación de la diligencia debida también plantea el reto de gestionar los riesgos de la cadena de valor sin trasladar cargas administrativas desproporcionadas a las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, Arango destaca la importancia de priorizar los esfuerzos en función de la gravedad de los impactos y de las características de cada proveedor.
No todos los proveedores presentan los mismos riesgos ni necesitan aportar idéntica información. Por ello, las empresas deben solicitar datos relevantes para la toma de decisiones, aprovechar la información disponible, evitar duplicidades y acompañar a sus socios comerciales en la mejora de sus prácticas.
Una cadena de valor responsable no se construye mediante el intercambio indiscriminado de cuestionarios, sino a través del diálogo, la colaboración y unas expectativas claras que favorezcan la mejora continua.
El profesional de sostenibilidad como impulsor del cambio
Para que la diligencia debida genere resultados, debe formar parte de la estrategia y de la cultura corporativa. Esto requiere la implicación de la alta dirección y la coordinación entre áreas como compras, operaciones, riesgos, asesoría jurídica, recursos humanos y finanzas.
En este proceso, los profesionales de sostenibilidad desempeñan un papel clave como impulsores del cambio y facilitadores de la colaboración transversal. Su labor consiste en conectar los impactos identificados y las exigencias normativas con las prioridades de gestión, promoviendo que las cuestiones sociales y ambientales se incorporen a las decisiones empresariales.
Arango insiste en que las organizaciones no necesitan esperar a que se acerquen los plazos de aplicación para prepararse. Entre las prioridades figuran revisar los procesos existentes, conocer mejor la cadena de actividades, identificar carencias, asignar responsabilidades y reforzar los mecanismos de prevención, notificación y reparación.
Asimismo, resulta fundamental evaluar tanto la implantación de los procesos como sus resultados. Entre los indicadores útiles se encuentran la proporción de proveedores prioritarios evaluados, el número y la gravedad de los impactos identificados, las medidas correctivas adoptadas y el tiempo necesario para resolver reclamaciones. Estos datos deben permitir comprobar si los impactos disminuyen y si los daños se reparan cuando corresponde.
Como resume Carlos Arango, “el éxito de la diligencia debida no se mide por la documentación que genera, sino por los impactos que consigue prevenir y reducir”. Una idea que sitúa el foco en el propósito último de estos procesos: lograr mejoras reales para las personas y el medioambiente, más allá del cumplimiento formal.
Puedes descargar el 19º toolkit DIRSE aquí.
Puedes leer la entrevista completa aquí.
