16 octubre 2019
El pasado 7 de octubre, Bruselas aprobó definitivamente la Directiva Europea para la Protección del Denunciante, que otorga un elevado nivel de protección para los whistleblowers, a través del establecimiento de canales seguros para denunciar las irregularidades, así como de garantias de protección de los denunciantes contra represalias (despido, descenso de categoría…).
El 16 de abril de 2019, el Parlamento Europeo pre-aprobó, a un mes de las elecciones europeas, el texto de la Directiva Europea para la Protección del Denunciante donde 591 europarlamentarios votaron a favor, 29 en contra y 33 se abstuvieron. Su objetivo es, como su propio nombre indica, proteger en la Unión Europea a los denunciantes (o whistleblowers, en inglés) que informan sobre conductas indebidas detectadas en su entorno laboral. Estos denunciantes pueden desempeñar un papel destacado para sacar a la luz actividades contrarias al interés público, ilegales, corruptas, fraudulentas o perjudiciales para la salud y seguridad pública, pudiendo llegar a salvar vidas, el medio ambiente y o el dinero. Tenemos como ejemplo, los casos mediáticos de Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o actualmente Cambridge Analytica, que ponen de manifiesto el importante papel que los denunciantes de irregularidades pueden desempeñar, a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos.
La Directiva abarca así, diversos ámbitos de la legislación de la UE, que van desde la lucha contra el blanqueo de capitales, la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la UE, la seguridad alimentaria y de los productos, hasta la salud pública, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear.
Actualmente, solo 10 países (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) cuentan con leyes de protección a los denunciantes. En el resto de países la protección jurídica es parcial o se aplica a sectores o categorías de empleados específicos.
Una vez publicada en el Diario Oficial, la Directiva entrará en vigor veinte días después de su publicación. Los Estados miembros, entre ellos España, dispondrán de dos años para transponer la Directiva al derecho nacional.
«Los denunciantes son personas valientes que se atreven a sacar a la luz las actividades ilegales y se levantan por su cuenta para proteger al público de las malas acciones» en palabras de Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea y comisario europeo de la Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales. Sin embargo, a menudo los denunciantes corren el riesgo de pagar un alto precio por revelar información. Con la nueva Directiva se les protegerá contra represalias como el despido, el descenso de categoría y otras formas de castigo, además de establecer canales seguros para denunciar tanto dentro de las organizaciones como a las autoridades.
