A principios de verano, el 4 de julio, quedaba aprobada en el pleno de Les Corts de Valencia, con los votos de PSPV, Compromís, Podem y Cs y el rechazo del PP, la Ley de Responsabilidad Social que introduce cláusulas medioambientales, de transparencia y de fomento del valenciano en los pliegos de contratación pública. La norma busca la implicación de las empresas con el tercer sector y los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Con este paso la Comunidad Valenciana se une a otras Comunidades Autónomas que cuentan con leyes similares como es el caso de Extremadura, con leyes sobre la incorporación de aspectos sociales y ambientales a las compras públicas (Castilla y León), o con estrategias regionales y planes de fomento de la RS (Aragón, Castilla y León, Murcia y Cataluña).
La Ley de Responsabilidad Social contempla la prohibición de trabajar con empresas que operen o estén en paraísos fiscales y promueve y fomenta en el ámbito de la Comunitat el desarrollo de acciones y políticas socialmente responsables en las administraciones públicas.
En concreto, la ley tiene como objetivo apostar por el diseño, desarrollo y puesta en marcha de políticas, planes, programas, proyectos y criterios en la administración pública con criterios de sostenibilidad social, ambiental, económica, financiera y de transparencia en la contratación con condiciones generales. Asimismo, el documento incluye medidas de planificación como un Plan Valenciano de Responsabilidad Social o la creación de órganos de participación y consulta como el Consejo y Observatorio Valenciano de Responsabilidad Social.
El conseller de Transparencia y Responsabilidad Social, Manuel Alcaraz afirmó que “la nueva ley nos permite ir un paso más allá, estableciendo un marco jurídico apropiado para incluir cláusulas sociales, ambientales y éticas en la contratación pública”,
La ley obliga a las administraciones públicas a incluir cláusulas de responsabilidad social en los pliegos que prohíba que empresas que realicen operaciones financieras consideradas delictivas en paraísos fiscales puedan ser contratadas, que los trabajadores cobren lo estipulado en el convenio colectivo “que establezca las condiciones más beneficiosas”, que afectará también a las subcontratas, según las enmiendas pactadas con patronal y sindicatos. Para ello, se les exigirá una declaración de responsabilidad.
Se especifica que en los criterios de contratación se premiará a quienes utilicen productos de comercio justo, y fomenten el valenciano. Asimismo, la administración debe favorecer mediante la negociación con los lobbys que las empresas apliquen horarios que permitan la conciliación laboral-familiar y fomentarán la participación del personal en labores de voluntariado o acción social. Para las empresas o entidades que asuman el código ético que indica la norma y quieran realizar ejercicios de transparencia, se creará un registro de empresas socialmente responsables.
