En 2026, la actividad normativa y jurisprudencial continúa marcando el ritmo de la transformación empresarial en un contexto de creciente complejidad regulatoria. Tras un periodo reciente de fuerte impulso legislativo en sostenibilidad, digitalización y gobernanza, las organizaciones afrontan un entorno en el que la simplificación normativa y la competitividad se han convertido en ejes centrales de la agenda europea, sin perder de vista las exigencias en materia ambiental, social y de reporting.
La irrupción de marcos más flexibles en sostenibilidad convive con nuevas obligaciones de transparencia, control y diligencia debida, mientras se refuerza la supervisión de los mercados ESG y se amplía el enfoque hacia la naturaleza, la energía y la financiación sostenible. A ello se suma un creciente interés por la calidad regulatoria, la eficiencia administrativa y la reducción de cargas, que buscan mejorar la aplicabilidad real de las normas.
En el ámbito español, la agenda regulatoria combina reformas estructurales en energía, movilidad, integridad pública y contratación, con nuevas exigencias en sostenibilidad empresarial, movilidad laboral y digitalización de procesos. La actividad judicial y administrativa también continúa redefiniendo la interpretación de normas clave, con impacto directo en la gestión empresarial.
A nivel autonómico, destacan resoluciones y normativas vinculadas a residuos, ordenación territorial, recursos naturales y actividad agroalimentaria, que evidencian la creciente territorialización de la sostenibilidad y su impacto directo en la operativa de las organizaciones.
En el contexto internacional, la agenda regulatoria se ve influida por la intensificación de los riesgos climáticos, el avance de herramientas tecnológicas aplicadas a la conservación y el debate sobre modelos económicos más sostenibles, con especial atención a América Latina, donde se combinan fenómenos climáticos extremos, innovación regulatoria y tensiones en políticas ambientales.
Desde DIRSE, se presenta a continuación un repaso sintético de las principales novedades regulatorias a nivel europeo, nacional, autonómico e internacional.
PRINCIPALES INFORMACIONES REGULATORIAS:
ÁMBITO EUROPEU
- Directiva (UE) 2026/470 que simplifica la normativa de ‘reporting’ de sostenibilidad (CSRD) y diligencia debida (CSDDD): además de simplificar el marco regulatorio, eleva los umbrales de aplicación y reduce las cargas administrativas para las empresas. Entre los principales cambios destacan la limitación del alcance a grandes compañías, la flexibilización de los procesos de diligencia debida y el aplazamiento de los calendarios de aplicación. La reforma forma parte del paquete europeo Ómnibus I de simplificación normativa.
- La ESMA ha lanzado una consulta pública sobre las directrices del régimen de validación (endorsement) previsto en el Reglamento de Calificaciones ESG. El objetivo es permitir que agencias de la UE validen ratings de terceros países bajo criterios equivalentes, reforzando control, gobernanza, transparencia y trazabilidad. Se busca evitar arbitraje regulatorio y mejorar la fiabilidad del mercado ESG europeo.
- La Comisión Europea propone un plan para una normativa más simple, clara y eficaz, con el fin de reforzar la competitividad y la confianza en el contexto actual. En sostenibilidad, impulsa la calidad regulatoria, la simplificación y la reducción de cargas, evitando el gold-plating. También prevé revisar legislación clave y mejorar la aplicación homogénea de normas ESG.
- La Comisión Europea presenta AccelerateEU para reforzar la Unión de la Energía, con el objetivo de garantizar energía asequible, segura y sostenible. El plan acelera el despliegue de renovables mediante simplificación administrativa, impulsa infraestructuras e interconexiones y promueve la electrificación. También fomenta inversión privada, mejora la flexibilidad del sistema y protege a consumidores vulnerables ante precios elevados.
- El ISSB ha acordado avanzar en una hoja de ruta para desarrollar requisitos de divulgación sobre riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza, como complemento de IFRS S1 y S2. Se apoyará en marcos como TNFD para evitar fragmentación. El proyecto incluirá métricas sobre biodiversidad, agua y contaminación, con un borrador previsto para octubre de 2026 y consulta pública posterior.
- Organizaciones eclesiásticas lanzan en el Vaticano una Plataforma por la Desinversión en Minería para retirar inversiones de proyectos vinculados a daños ambientales y violaciones de derechos humanos, especialmente en la Amazonia y el Sur global. La iniciativa busca evitar la complicidad financiera de las iglesias, promover finanzas éticas y apoyar a comunidades afectadas por el modelo extractivista.
ÁMBITO NACIONAL
- Real Decreto-ley 7/2026 ya convalidado por el Congreso, impulsa la electrificación y acelera el despliegue de energías renovables en España. La norma incorpora medidas para agilizar proyectos energéticos, reforzar la participación pública y facilitar el acceso y conexión a la red eléctrica, tanto desde la generación como desde la demanda, en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
- El Gobierno impulsa la futura Ley Orgánica de Integridad Pública para reforzar la prevención de la corrupción, la transparencia y el control en la contratación pública. El anteproyecto introduce cambios en la Ley de Contratos del Sector Público, como mayor publicidad, formación obligatoria, declaraciones de conflicto de interés y compliance empresarial. También refuerza la supervisión con IA y sanciones más duras.
- La Ley 9/2025 convierte la movilidad sostenible en una obligación legal para empresas con más de 200 trabajadores o más de 100 por turno. Las compañías deberán negociar planes de movilidad con la representación legal de la plantilla antes de diciembre de 2026. La norma exige medidas estructuradas sobre transporte, movilidad compartida, teletrabajo, seguridad vial y reducción de emisiones, con seguimiento periódico y comunicación a las autoridades competentes.
- El Tribunal Supremo ha fijado criterios sobre la coincidencia entre descanso semanal y festivo, estableciendo que, en determinados casos, no pueden solaparse. En una sentencia de 2025 reconoce el derecho de los trabajadores a disfrutar de un descanso compensatorio si coincide ambos. No obstante, no fija una doctrina general aplicable a todos los supuestos laborales.
ÁMBITO AUTONÓMICO
- El TSJ de Madrid ha declarado la nulidad de la Ordenanza de la tasa de residuos de 2025 por falta de publicación íntegra del Informe Técnico-Económico durante la información pública. El tribunal considera que esta omisión vulnera la participación ciudadana, al impedir conocer la base del cálculo tributario. La sentencia, aún no firme, podría ser recurrida en casación.
- Castilla y León ha aprobado una nueva regulación que redefine la venta directa y los circuitos cortos de comercialización de productos agroalimentarios. La norma establece requisitos administrativos, límites de producción y obligaciones de registro para los productores que utilicen canales alternativos como ferias, venta online o en explotaciones. Su objetivo es ordenar y controlar estas modalidades de comercialización.
- Greenfiber, participada por Altri y Smarttia, mantiene su intención de construir una macroplanta de celulosa en Palas de Rei (Lugo) y ha presentado alegaciones contra el archivo del proyecto promovido por la Xunta. La empresa defiende su autosuficiencia energética para continuar la tramitación, pese al rechazo social, las alegaciones recibidas y las dudas sobre su conexión eléctrica.
- El Mar Menor participará como víctima y acusación en el juicio contra el administrador de dos empresas por presuntos vertidos contaminantes en la laguna. Se le imputan delitos medioambientales por salmueras ilegales entre 2015 y 2017. Organizaciones ecologistas ejercen la acusación particular y reclaman prisión, multas e indemnizaciones. El caso forma parte del denominado ‘Caso Topillo’.
- Cantabria y La Rioja han reforzado sus políticas de control del lobo ibérico con nuevas medidas que permiten su caza bajo determinados límites, pese a las recientes anulaciones del Tribunal Supremo de autorizaciones anteriores. El alto tribunal establece criterios estrictos, como la excepcionalidad y el análisis de alternativas, mientras organizaciones ecologistas denuncian una gestión basada en cupos.
ÁMBITO LATINOAMERICANO
- La OMM alerta de que Latinoamérica registró en 2025 episodios de calor extremo “sin precedentes”, con temperaturas muy superiores a la media, sequías generalizadas y aumento de incendios. También advierte del calentamiento de los océanos, la subida del nivel del mar y la pérdida acelerada de glaciares andinos. El informe destaca además eventos extremos como inundaciones y ciclones devastadores.
- El Parlamento peruano ha aprobado el uso de inteligencia artificial para reforzar la protección de la vicuña frente a la caza furtiva. La medida busca mejorar la vigilancia, detección y prevención de delitos en zonas altoandinas mediante tecnologías avanzadas. También se endurecen sanciones penales y se promueve la coordinación institucional para conservar esta especie emblemática del país.
- El Gobierno de Chile ha retirado 43 decretos ambientales impulsados por la administración anterior, relacionados con áreas protegidas, descontaminación, biodiversidad y cambio climático. La decisión afecta normas clave para la protección de ecosistemas, calidad del aire y compromisos de carbono neutralidad, generando preocupación por el futuro de la política ambiental del país.
