DIRSE – Asociación Directivos de Sostenibilidad (ASG) quiere hacer las siguientes consideraciones sobre la propuesta de la Comisión Europea denominada “ómnibus” que persigue la simplificación de las Directivas de Reporting y de Diligencia Debida, así como respecto al Reglamento de Taxonomía.
Esta propuesta se enmarca en la iniciativa denominada «Brújula para la Competitividad», presentada el 29 de enero de 2025, que tiene como objetivos principales impulsar la innovación, la competitividad y la descarbonización en el seno de la Unión Europea. Para lograr tales metas, se plantean varios aceleradores, siendo esta propuesta Ómnibus uno de los acordados.
Somos conscientes de que, a la fecha de publicación de este posicionamiento, todavía no conocemos los términos definitivos de las modificaciones de la propuesta ómnibus, pero creemos que este es el momento de hacer pública nuestra opinión.
1.- Valoramos el esfuerzo con el que la Comisión pretende simplificar y flexibilizar la normativa referida con el propósito de aligerar las obligaciones de las empresas en un entorno exigente y manteniendo los objetivos de sostenibilidad establecidos en el Pacto Verde Europeo, que debe seguir siendo seña de identidad de nuestra Europa, a pesar de movimientos y reacciones contrarias en otras partes del mundo.
2.- No obstante, manifestamos nuestra preocupación porque las críticas a esa normativa que afirman que es una carga burocrática que daña la competitividad, lleve a considerar a empresarios, ciudadanos y representantes públicos y otros actores que la sostenibilidad va en contra de la competitividad de las empresas y la economía. La relación positiva entre sostenibilidad y competitividad está demostrada por empresas líderes que han hecho de la sostenibilidad una fuente de su estrategia y de ventaja competitiva, reforzando la visión a largo plazo. Numerosas empresas que han ido por delante en la aplicación voluntaria de requisitos iguales o superiores a los que establece esta normativa que ahora se quiere simplificar son ejemplo de competitividad.
3.-Creemos que lo afirmado en el denominado “Informe Draghi” en el sentido de que la regulación en sostenibilidad está incrementando la carga burocrática que daña la competitividad, no es coherente con otras propuestas de dicho informe en el que se aboga por la innovación, ya que:
- La Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD, al identificar Impactos, Riesgos y Oportunidades (IROs) en un análisis de doble materialidad, permite poner foco en aquello que tiene un impacto material y financiero, y contribuye a la innovación, estrategia y mejora de las operaciones de las compañías. No es una carga burocrática, es un ejercicio imprescindible.
- La Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDDD, al identificar los impactos y efectos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente en la cadena de actividades, está fortaleciendo la fiabilidad de las operaciones y reduciendo riesgos y sobre todo previniendo abusos en la cadena de actividades, que desde un punto de vista ético ningún empresario ni directivo quiere cometer ni colaborar con ellos.
- La Taxonomía, al permitir a inversores y empresas distinguir qué proyectos impactan de forma positiva en el medio ambiente, facilita la inversión sostenible, impulsa la innovación y contribuye al cumplimiento de los objetivos de transición ecológica establecidos por Europa para los próximos años. Esta iniciativa europea está teniendo réplicas y seguidores en diversas jurisdicciones en el mundo.
4.- Ponemos de relieve nuestra inquietud porque pueda perderse el sentido de urgencia en las actuaciones contra el cambio climático, ya que esta década es crucial para conseguir reducir los impactos y las emisiones. Pareciera, por la laxitud en las propuestas y su dilación en el tiempo, que la urgencia ya no existe y hay tiempo suficiente para abordar estos requisitos normativos con ritmos más relajados, cuando sabemos que la ciencia nos dice que vamos por detrás de los objetivos marcados.
5.- Creemos que hay una idea compartida y extendida de que Europa ha perdido la carrera de la competitividad frente a China y Estados Unidos y el gran error sería achacar ese hecho en parte a la sostenibilidad y a las obligaciones normativas cuando esto obedece a factores distintos y mucho más amplios. Esto está generando una especie de “miedo a quedarse atrás”, si bien la situación de la Unión Europea en la carrera por la competitividad es una cuestión compleja que requiere de un análisis riguroso, no debiéndose señalar a la sostenibilidad ni a la normativa como responsables.
6.- Asimismo, nos preocupa la pérdida de credibilidad de las instituciones europeas, y de los participantes en el proceso al modificar directivas pocos meses después de que el Parlamento Europeo, representante de la voluntad de los ciudadanos y el Consejo las hayan aprobado, como fruto de procesos exhaustivos y exigentes de negociación que, por ejemplo, en el caso de la CSDDD, han durado cuatro años. La seguridad regulatoria ha sido una de las señas de identidad de la Unión Europea y no respetarla puede dañar su liderazgo. Además, la inseguridad y los continuos cambios afectan también a nuestro papel y credibilidad como responsables de sostenibilidad en nuestras propias compañías.
7.- A esto hay que añadir los esfuerzos ya realizados con éxito por empresas ejemplares que han avanzado para prepararse con tiempo y cumplir la normativa y que ahora se ven penalizadas y en desventaja con las más rezagadas. Esta realidad daña la igualdad de condiciones para competir.
8.-Queremos también señalar que en un contexto de reacción negativa ante la sostenibilidad en algunos países y culturas, no cambiamos nuestra opinión y mantenemos lo esencial de la valoración y el compromiso afirmado en nuestros posicionamientos sobre la CSRD y la CSDDD de fechas 9 de Enero de 2023 y 27 de Mayo de 2024 respectivamente.
9.- No obstante, consideramos que revisar ciertos aspectos de la normativa puede facilitar su aplicación sin comprometer los objetivos fundamentales de las dos Directivas y el Reglamento de Taxonomía. Reconocemos que muchas compañías, especialmente las de menor tamaño, enfrentan desafíos significativos para cumplir con estas obligaciones debido a la falta de recursos y preparación adecuada. Desde esta perspectiva y con un enfoque que permita avanzar, planteamos las siguientes reflexiones:
a) Creemos que el Pacto Verde Europeo que la nueva Comisión refrenda y que busca, entre otras cosas, la asignación de flujos de capital hacia actividades sostenibles precisa de información sobre sostenibilidad amplia y fiable para una adecuada toma de decisiones por los inversores y financiadores, por lo que toda simplificación debe tener en cuenta este requisito imprescindible que permita la comparabilidad.
b) Solicitamos que los organismos europeos y los Estados Miembros hagan un esfuerzo importante y relevante en formar, acompañar y facilitar a las empresas la implantación progresiva de los nuevos requisitos que establece la normativa.
c) Solicitamos a los organismos técnicos de los reguladores que incorporen aún más la perspectiva y situación real de las empresas.
d) Apoyamos también que se cree una categoría de empresas entre los 250 y los 1000 empleados con obligaciones adaptadas, evitando esa división entre PYMEs de 250 empleados que dejan de serlo cuando superan ese umbral pero que todavía están muy lejos de las capacidades de las compañías más grandes.
e) Afirmamos que la doble materialidad es un ejercicio clave para las empresas, ya que permite identificar asuntos materiales que pueden afectar a la estrategia o al modelo de negocio y actuar con anticipación a través de políticas, acciones y metas que minimicen impactos negativos, mitiguen riesgos y potencien oportunidades. Defendemos la necesidad de seguir manteniendo esta doble materialidad exhaustiva, verificada y firmada por un responsable de ella como la piedra angular del proceso de “reporting” y a partir de ella se debe considerar la necesidad de informar sobre diferentes “data points”.
f) Consideramos que la simplificación debería proteger a las PYMEs de solicitudes desproporcionadas de información. El estándar voluntario para PYMEs no cotizadas (VSME) ya supone una simplificación que debería ser la base de las solicitudes de información que las grandes empresas realicen a las pymes que forman parte de su cadena de valor.
g) Respecto a la Taxonomía, solicitamos una revisión de algunos de sus parámetros y de su utilidad como el Green Asset Ratio (GAR), que debiera ser redefinido.
En cuanto a la CSDDD, proponemos su aplicación íntegra en los términos, umbrales y plazos actuales que ya sufrieron una modificación sustancial en el proceso de negociación entre el Parlamento y el Consejo. En cuanto a los plazos, debemos tener en cuenta que ya se rebajó significativamente su aplicación, que afecta primero a las empresas de más de 5.000 empleados en 2027.
Finalmente,
a) Nos comprometemos a apoyar la implantación de la normativa resultante y contribuir con ello a que Europa siga siendo líder en sostenibilidad en el mundo, conscientes de que hay un efecto positivo que no solo beneficia a Europa ya que otras jurisdicciones toman como referencia los desarrollos normativos europeos.
b) Animamos a los responsables públicos y empresariales a que consideren la normativa no solo como una obligación, sino como una oportunidad de mejorar significativamente la gestión, con beneficios en el medio y largo plazo. El papel de los auditores y consultores en este objetivo de mejora resultará crucial.
