El pasado viernes, se publicó el texto del proyecto de Real Decreto para modificar el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se creó y reguló el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), y se abre un periodo para hacer aportaciones que finaliza el 8 de abril.
El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), del que DIRSE forma parte, es un órgano asesor y consultivo adscrito actualmente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Su constitución responde al objetivo de agrupar en el mismo órgano a representantes de los distintos grupos de interés vinculados a la responsabilidad social de las empresas. Desempeña funciones como la promoción de la responsabilidad social de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas, así como la realización de cualquier otra actividad que se le encomiende en dicho ámbito de actuación. El diseño, gestión y seguimiento de programas y ayudas para la difusión y fomento de la responsabilidad social de las empresas.
La modificación que llevaba anunciada desde hace tiempo es de mínimos, pues se centra en los siguientes aspectos:
Cuestiones de forma: actualización de la nomenclatura de las instituciones que la conforman (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en vez de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, e.g.) y adaptación del texto a un lenguaje no sexista.
Cuestiones de composición: los vocales de cada uno de los tipos de los grupos representativos (organizaciones empresariales, sindicales, de la sociedad civil con reconocido prestigio en la materia y de las Administraciones Públicas) pasan de 12 a 14 vocales cada una. A ello se suma el hecho de la paridad, ya que se explicita en el texto que toda la estructura del CERSE deberá garantizar una composición equilibrada de mujeres y hombres.
Funcionamiento del Pleno: reducción del número de reuniones ordinarias mínimas (pasan de carácter trimestral, a tener carácter anual); y, sobre todo, la sustitución del “principio de consenso” como único mecanismo para la adopción de de acuerdos, lo que la hacía inviable en muchas ocasiones, al de la “mayoría simple” de sus miembros presentes.
Hasta el 8 de abril se pueden presentar aportaciones a través del punto de acceso para facilitar la participación pública en proyectos normativos cuyo objeto es recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.
