Madrid, 10 de abril de 2024.
España se enfrenta a desafíos críticos que definirán su futuro, desde la productividad hasta el papel en la Unión Europea. LLYC ha publicado el informe «Retos España 2024», destacando la necesidad de políticas públicas sólidas y acuerdos entre fuerzas políticas y la sociedad empresarial. Desde DIRSE hemos recopilado los principales puntos para que nuestros socios estén al día sobre los principales estudios con impacto en el ámbito de la Sostenibilidad.
El informe identifica siete retos principales, incluyendo la necesidad de abordar la pobreza infantil, mejorar la financiación autonómica, impulsar la productividad mediante la inversión en I+D+i, y garantizar la consolidación de las cuentas públicas. Además, el estudio señala la importancia de abordar los desafíos ambientales y explorar el potencial de las criptomonedas en la Unión Europea para el año 2024.
LLYC aboga por un debate informado y constructivo, basado en un buen diagnóstico, datos y propuestas concretas, para abordar estos desafíos de manera efectiva y garantizar un futuro próspero para las nuevas generaciones. En DIRSE, nos fijamos especialmente en los tres retos:
– Jóvenes españoles: acabar con la brecha generacional y social. Pobreza infantil
– Productividad: objetivo 3% del PIB en i+d+i en 2030 urge reformar las administraciones
– Retos ambientales España 2024
RETO 2: APOYANDO A LOS JÓVENES ESPAÑOLES
La alta tasa de desempleo juvenil y la precariedad laboral impactan negativamente en la economía. En España, el desempleo juvenil duplica la media europea. Más del 50% de los jóvenes luchan para llegar a fin de mes, con un 30% en riesgo de pobreza.
RETO 4: IMPULSANDO LA PRODUCTIVIDAD
La baja productividad en España afecta a todos los sectores. Factores como el tamaño empresarial, la calidad de la formación y la inversión en I+D+i influyen. Para superar esto, se propone aumentar la inversión en innovación al 3% del PIB para 2030.
RETO 7: ENFRENTANDO LOS DESAFÍOS AMBIENTALES
Las políticas ambientales y de sostenibilidad están en el centro de la agenda política y social. Se busca mejorar la cohesión normativa y eliminar duplicidades para promover la economía circular y cumplir con los estándares de la UE en áreas como la depuración de aguas.
PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Aunque la productividad y la riqueza de España han experimentado un crecimiento constante, seguimos rezagados frente a la media de los países del euro. Para abordar esta brecha, es crucial enfocarse en cuatro áreas clave desde la perspectiva de ASG: aumentar el tamaño medio de nuestras empresas, mejorar la formación con una visión futurista, impulsar la inversión en I+D+i fortaleciendo los clusters existentes y promover la lucha contra el cambio climático y las inversiones de impacto.
El estudio también subraya la importancia de reforzar los mecanismos que permiten distribuir equitativamente los beneficios del crecimiento, como la negociación colectiva y la mejora de los servicios públicos, incluyendo la lucha contra la pobreza infantil. Garantizar la igualdad de oportunidades y derechos para todos los españoles, independientemente de su ubicación geográfica, mediante la implementación de políticas que eviten privilegios territoriales.
Es fundamental que se implementen medidas y acciones que avancen en estas direcciones para lograr un progreso solidario en España. Esto implica priorizar el consenso entre las principales fuerzas políticas y sociales en beneficio del conjunto, especialmente ante las preocupaciones económicas, sanitarias y laborales expresadas por los ciudadanos en encuestas recientes del CIS.
Superar los problemas y conflictos del siglo XX para construir una España del siglo XXI próspera y esperanzadora es el verdadero desafío al que nos enfrentamos hoy como sociedad.
RETO 2: ABORDAR LA BRECHA GENERACIONAL Y SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA ASG
La brecha generacional y social en España es un tema crucial en el diálogo público actual. Esta realidad diversa exige intervenciones específicas para los grupos más vulnerables de jóvenes. Es esencial desglosar estos desafíos para implementar políticas públicas que aborden eficazmente las desigualdades.
El país se enfrenta al desafío de mejorar las condiciones de vida de la juventud, lo que requiere políticas focalizadas en los grupos más desfavorecidos. Múltiples factores, como la inserción laboral y las condiciones de trabajo, contribuyen a esta problemática.
Los jóvenes españoles enfrentan desafíos únicos en el mercado laboral, con altas tasas de desempleo y precariedad laboral. Además, la brecha de género agrava esta situación, especialmente para las mujeres jóvenes.
La formación se presenta como un elemento crucial para mitigar estas desigualdades. Sin embargo, su impacto varía según el nivel y la naturaleza de los estudios. Se necesitan políticas educativas que se adapten a las necesidades del mercado laboral y promuevan la movilidad social efectiva.
Una parte del problema actual proviene de la idea de que obtener formación es la clave para mejorar socialmente y contrarrestar las desigualdades en el trabajo. Aunque esto es cierto, es importante que esta formación se ajuste a las necesidades del mercado laboral para evitar inversiones en educación que no se traduzcan en oportunidades de empleo.
Estudios recientes de UNICEF revelan que España tiene la peor tasa de pobreza infantil en la Unión Europea y ocupa el lugar 36 de 39 países de la OCDE, con un 28% de niños afectados, más de dos millones en total. Esta situación persiste durante más de dos años para el 20% de los niños, con más de la mitad enfrentando privación material y social severa. Aunque la tasa de pobreza infantil mejoró un 4% entre 2014 y 2021, sigue siendo un problema estructural y de larga trayectoria.
Desde DIRSE, subrayamos la importancia de abordar la brecha generacional y social en España con un enfoque integral desde la perspectiva ASG, con políticas específicas que atiendan las necesidades únicas de los jóvenes en el mercado laboral y promuevan la igualdad de oportunidades para todos.
LA POBREZA INFANTIL
Se ha divulgado un reciente informe de UNICEF que revela la preocupante situación de pobreza infantil en España. El país ocupa el puesto 36 de 39 en la OCDE, con una tasa del 28% de menores afectados, más de dos millones de niños. Este fenómeno persiste en el 20% de los casos durante más de dos años consecutivos, con más de la mitad experimentando privaciones materiales y sociales severas. Aunque entre 2014 y 2021 la tasa de pobreza infantil ha mejorado un 4% en España, en comparación con una reducción del doble en otros países, sigue siendo significativamente alta y estructural. Las medidas implementadas hasta ahora han sido insuficientes para abordar este problema.
La herencia de la pobreza y sus repercusiones a lo largo de la vida son hechos comprobados. Aquellos que nacen en desventaja no encuentran igualdad de oportunidades para desarrollar su potencial y mérito. La desigualdad socioeconómica en las familias se refleja en diferencias educativas, tasas de abandono escolar y acceso al mercado laboral. Como resultado, el ascensor social parece haber dejado de funcionar en España. Existe el riesgo de retroceder a un sistema neoestamental donde la posición social está determinada de por vida por el entorno familiar en el que se nace.
El desafío número 4 se centra en la productividad, con el objetivo de alcanzar un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para el año 2030. La economía española enfrenta persistentes desafíos en términos de productividad en comparación con el resto de la Eurozona, lo que afecta directamente al crecimiento de la renta per cápita y perpetúa la divergencia con otros países europeos.
La convergencia de la renta per cápita de España con la Unión Monetaria Europea (UEM), que se había logrado en cierta medida tras la unión monetaria, se estancó después de la crisis financiera global y, en algunos casos, incluso retrocedió. Este estancamiento se atribuye en parte a la brecha persistente de productividad en la economía española. Después de alcanzar su nivel más cercano en 2005, la brecha de productividad ha aumentado, especialmente después de la crisis financiera global. Este estancamiento se debe en parte a una deficiencia persistente en la productividad, con un crecimiento económico impulsado principalmente por el aumento del trabajo en lugar de la eficiencia. Aunque la baja productividad está relacionada con diversos factores como la organización de la producción y la innovación, España ha tenido una contribución negativa a la productividad total de los factores, a diferencia de países como Alemania y Francia.
Esta tendencia se observa en varios sectores económicos, no solo en servicios como el comercio y la hostelería. A pesar de la composición sectorial de la economía española, la falta de crecimiento en la productividad no se debe solo a esta especialización, sino a otros factores subyacentes. La situación destaca la necesidad de abordar las causas estructurales de la baja productividad para impulsar el crecimiento económico sostenible en España.
DESAFÍO PRODUCTIVO 2030: IMPULSAR LA INVERSIÓN EN I+D+I AL 3% DEL PIB
En los últimos años, el crecimiento económico en España ha dependido más del aumento del factor trabajo que de la productividad. Mientras que el crecimiento promedio real de la economía española entre 2014 y 2019 fue del 2.4%, la contribución del trabajo fue del 1.6%, la del capital del 0.5% y la productividad total de los factores del 0.3%. Esto indica un bajo dinamismo en la productividad, especialmente en la productividad total de los factores.
El bajo rendimiento de la productividad en España se relaciona con varios factores, incluido el tamaño empresarial del tejido productivo. La mayoría de las empresas españolas son micro y pequeñas empresas, lo que dificulta la innovación y afecta negativamente a la productividad. Además, la estructura empresarial conduce a una asignación ineficiente de los recursos productivos, y el acceso limitado a la financiación puede contribuir a la concentración de inversión en empresas poco productivas.
Otro factor crucial es el nivel y la calidad de la formación del capital humano en España, que se sitúa por debajo de la media de la Eurozona. Mejorar la formación y capacitación del personal puede tener un impacto significativo en la productividad y el crecimiento económico.
DESAFÍOS AMBIENTALES ESPAÑA 2024
La ley de movilidad sostenible está actualmente en proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados con el objetivo de ser aprobada antes de fin de año, en línea con los compromisos establecidos con Europa. Esta ley tiene como propósito fundamental servir de base para la transición hacia una movilidad más saludable, sostenible y segura, con la descarbonización como uno de sus principales objetivos. Entre las medidas esperadas de esta ley se encuentran:
1. Establecer las reglas para la cogobernanza de la movilidad entre las distintas Administraciones.
2. Promover la descarbonización del transporte, priorizando el transporte ferroviario para mercancías, fomentando el transporte público y vehículos compartidos, así como electrificando la movilidad en la medida de lo posible.
3. Fortalecer el rol de las zonas de bajas emisiones, permitiendo a los Ayuntamientos implementar tasas de circulación o peajes urbanos.
4. Determinar las decisiones de inversión en infraestructuras.
El Ministerio ha asignado fondos considerables a las Comunidades Autónomas y municipios para fomentar la movilidad sostenible, con énfasis en la descarbonización y digitalización del transporte urbano. Sin embargo, persisten desafíos, especialmente en el sector aéreo, donde se está considerando la posible restricción de vuelos cortos y se busca impulsar el uso de combustibles sostenibles de aviación.
En el ámbito de la economía circular, se está avanzando con la creación de un comisionado para la estrategia de economía circular. Se han asignado fondos para la industria del plástico, bienes de equipo de energías renovables y el sector textil, moda y calzado, con el objetivo de promover prácticas más sostenibles. Este sector está ganando impulso en España con la creación de un comisionado para el Programa Especial de Reactivación Territorial y Empleo (PERTE) de economía circular, lo que refleja la importancia que el Gobierno otorga a este tema. Durante el año 2024, el PERTE gestionará convocatorias de 100 millones de euros destinadas a la industria del plástico, bienes de equipo de energías renovables y el sector del textil, moda y calzado, con el objetivo de promover medidas como el ecodiseño y el reciclado. Además, se esperan nuevos Reales Decretos para regular sectores como el textil y el tabaco en cumplimiento de la Ley de residuos y suelos contaminados. A nivel internacional, el año 2024 será crucial para alcanzar un tratado mundial sobre plásticos, con la celebración de dos nuevas cumbres en Ottawa y Corea del Sur con el objetivo de establecer compromisos definitivos.
La transición ecológica también ha generado una gran cantidad de normativas estatales y autonómicas que necesitan ser implementadas y coordinadas. Se destaca el impulso a la eficiencia energética en edificios, con el objetivo de lograr un parque inmobiliario de emisiones cero para 2050. Sin embargo, es necesario acelerar el ritmo de rehabilitación de viviendas para alcanzar estos objetivos.
GESTIÓN DEL AGUA
El estudio aborda dos áreas ambientales singulares en España: Doñana y el Mar Menor. En Doñana, el desafío radica en alcanzar acuerdos políticos, económicos y sociales para proteger el territorio y recuperar el humedal. Se destaca la importancia de aprobar una ley de Agricultura Familiar que respalde el modelo de explotación social y profesional. En el Mar Menor, los desafíos incluyen eliminar hectáreas de regadío ilegales, auditar granjas porcinas intensivas y consolidar la gobernanza mediante comités científicos y coordinación administrativa.
En cuanto a la depuración de aguas, España enfrenta multas de la UE por incumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas. Se mencionan poblaciones con problemas de depuración y la necesidad de invertir en infraestructura para evitar sanciones adicionales. Además, se subraya el estrés hídrico en España debido al aumento de la población, el cambio climático y las pérdidas de agua por fugas y redes en mal estado.
Se plantea la necesidad de un cambio de paradigma en la gestión del agua, pasando de la idea de «agua suficiente pero mal repartida» a reconocer la escasez de agua. Las presiones sobre la disponibilidad de agua en España son cada vez más evidentes debido a varios factores. El crecimiento de la población, que ha aumentado significativamente desde 1990, junto con el incremento de la renta media, ha llevado a un mayor consumo de agua, especialmente en productos como carne y textiles. Además, el cambio climático ha exacerbado el estrés hídrico.
Se estima que hasta el 25% del agua de abastecimiento urbano se pierde por fugas y mal estado de las redes, mientras que entre el 30% y el 40% se pierde en las infraestructuras de riego. Urge un cambio de paradigma en la gestión del agua, priorizando medidas para incrementar la oferta y reducir la demanda, incluyendo el almacenamiento durante riadas e inundaciones, la producción de agua depurada y desalada, así como la mejora en la eficiencia del uso del agua tanto en el riego como en el consumo doméstico. Además, se propone una revisión del modelo productivo y la fijación de precios que reflejen el valor real del recurso hídrico.
Puedes leer el informe completo aquí.
