LAS NOVEDADES REGULATORIAS ASG DE FEBRERO 2024

Madrid, 6 de marzo de 2024.

A continuación se presentan los anuncios y novedades regulatorias relacionadas con el sector ASG tanto a nivel mundial y europeo como nacional, que han surgido desde el pasado 19 de febrero hasta la fecha actual. En esta ocasión, destacamos el rechazo del Consejo de la UE a la nueva ley de diligencia debida sobre sostenibilidad, derechos humanos y medio ambiente. También se proporciona acceso a herramientas disponibles de forma gratuita para la búsqueda de normativa.

La primavera se acerca con muchas novedades en materia de regulación, con especial énfasis en la entrada en vigor de la versión 2 de la Taxonomía ASEAN para las Finanzas Sostenibles. Otra novedad que llega desde China resalta que el gigante asiático exigirá Reportes de Sostenibilidad obligatorios a empresas cotizadas. Este período también marca la aprobación por el Parlamento Europeo de nuevas normas y sanciones para los delitos ambientales, con penas de hasta 10 años de cárcel en los casos individuales y multas para las empresas de hasta el 5 % de la facturación mundial o 40 millones de euros.

Desde DIRSE, te ofrecemos un resumen de las principales novedades regulatorias para que puedas mantenerte al día con la legislación en materia ASG.

NOVEDADES A NIVEL INTERNACIONAL – MUNDIAL

19/02/24 (Spainsif): Entra en vigor la versión 2 de la Taxonomía ASEAN para las Finanzas Sostenibles

El 19 de febrero, el Consejo de Taxonomía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) publicó la versión 2 final de la Taxonomía ASEAN para las Finanzas Sostenibles (Taxonomía ASEAN) tras los comentarios recibidos durante su consulta de noviembre de 2023.

Algunas de las revisiones clave realizadas en la Taxonomía ASEAN actualizada incluyen:

– Aclaración de las definiciones y criterios de los objetivos medioambientales (OE) y los criterios esenciales (CE) del Marco Fundacional.

– Inclusión de la lista de actividades «rojas» del Apéndice J en la Taxonomía ASEAN Versión 1 (ahora como Apéndice G en la Taxonomía ASEAN Versión 2).

– Las normas de derechos adquiridos que cubren los bonos verdes y otros instrumentos financieros verdes.

– En el Anexo 1: criterios finalizados para la eliminación progresiva del carbón e inclusión de futuros criterios técnicos de selección para las actividades de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (energía) como umbrales indicativos.

– En el anexo 2: principios rectores finalizados de No Hacer Daño Significativo (DNSH) y criterios DNSH racionalizados para tres OE, a saber, la mitigación del cambio climático, la protección de los ecosistemas sanos y la biodiversidad y la resiliencia de los recursos y la transición a una economía circular.

 

19/02/24 (Sustenomics): China exigirá Reportes de Sostenibilidad obligatorios a empresas cotizadas

 

Las tres principales bolsas de valores de China, la Bolsa de Valores de Shanghai (SSE), la Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE) y la Bolsa de Valores de Pekín (BSE), anunciaron la publicación de nuevas directrices para la presentación de Informes de Sostenibilidad para empresas cotizadas. Se incluye una nueva exigencia para que los emisores de mayor capitalización y los cotizados en múltiples bolsas comiencen a divulgar obligatoriamente una amplia gama de temas ESG en 2026.

Las entidades dentro del alcance de las directrices propuestas tendrán que revelar información sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza. Esto incluye información sobre cambio climático, biodiversidad y ecosistemas, economía circular, consumo de energía, seguridad de la cadena de suministro, revitalización rural, así como prevención y detección de corrupción y soborno.

Las entidades también tendrán que revelar sus emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 3 para la cadena de valor.

La lista de temas indica que las entidades estarán obligadas a aplicar el principio de “doble materialidad”.

El borrador de las directrices está abierto a comentarios hasta el 29 de febrero de 2024. Actualmente sólo está disponible en chino.

Con este anuncio, China se une a las exigencias solicitadas por otros mercados importantes como Australia, Brasil, Singapur y el Reino Unido.

19/02/24 (Pacto Mundial): Estas son las prioridades del Secretario General de la ONU para 2024

Un año más, el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha delineado las prioridades claves del 2024 frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Prioridades intrínsicamente vinculadas a la Agenda 2030 y la sostenibilidad empresarial que este año han encontrado su acentuación en la cultura de la paz, el cambio climático y la digitalización.

La Nueva Agenda para la Paz

Impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Pacto Digital Mundial

El órgano asesor de la IA

Pacto de Solidaridad Climática

NOVEDADES A NIVEL INTERNACIONAL – EUROPEO

04/03/24 (Residuos profesional): El Consejo de la UA adopta nuevas enmiendas para aclarar quién debe afrontar los costes de gestión de residuos electrónicos

El Consejo de la UE adoptó ayer nuevas modificaciones de la legislación europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que incluye una serie de productos como ordenadores, frigoríficos o paneles fotovoltaicos.

Las modificaciones tienen por objeto adaptar la Directiva RAEE a una sentencia de 2022 del Tribunal de Justicia de la UE sobre la invalidez parcial de la Directiva debido a la aplicación retroactiva injustificada de la responsabilidad ampliada del productor a los residuos de paneles fotovoltaicos comercializados entre el 13 de agosto de 2005 y el 13 de agosto de 2012.

Las enmiendas aclaran que:

– Los costes de gestión y eliminación de los residuos de paneles fotovoltaicos comercializados después del 13 de agosto de 2012 corresponden al productor del aparato eléctrico y electrónico (AEE).

– La responsabilidad ampliada del productor de los AEE que se añadieron al ámbito de aplicación de la directiva en 2018 debe aplicarse a los productos electrónicos comercializados después de esa fecha.

– Las enmiendas también introducen una cláusula de revisión por la que la Comisión Europea (CE) debe evaluar, a más tardar en 2026, la necesidad de revisar la directiva.

La CE adoptó su propuesta de modificación específica de la Directiva RAEE el 7 de febrero de 2023. Tras la adopción de sus posiciones negociadoras en junio (Consejo) y octubre (Parlamento Europeo) de 2023, los colegisladores alcanzaron un acuerdo político provisional en noviembre de 2023. El Parlamento Europeo votó formalmente el acuerdo el 6 de febrero de 2024.

La votación de ayer del Consejo cierra el procedimiento de adopción. El texto de las enmiendas será firmado ahora por los colegisladores. A continuación, se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después. Los Estados miembros tendrán hasta 18 meses para incorporar la Directiva modificada a su ordenamiento jurídico nacional.

28/02/24 (ESGtoday): El Consejo de la UE no aprueba la nueva ley de diligencia debida sobre sostenibilidad, derechos humanos y medio ambiente

Una pieza clave de la legislación de la UE que establece obligaciones obligatorias para las empresas para abordar sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente recibió hoy un duro golpe al no lograr la aprobación final por parte del Consejo Europeo, tras las objeciones de países como Alemania e Italia, a pesar de una acuerdo provisional sobre el reglamento alcanzado anteriormente por el Consejo con el Parlamento de la UE.

El revés a la directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD), sigue a un proceso de cuatro años para avanzar en la regulación, comenzando con estudios de la Comisión Europea en 2020 sobre los deberes de los directores y el gobierno corporativo sostenible y sobre los requisitos de diligencia debida en la cadena de suministro.

Si bien el Consejo adoptó su posición sobre la directiva a finales de 2022 y alcanzó un acuerdo sobre la CSDDD con el Parlamento en diciembre de 2023, el mes pasado se pospuso una votación sobre su aprobación en el Consejo, después de que Alemania amenazara con no apoyar el reglamento por preocupaciones de los sectores burocrático y el posible impacto legal que tendría en las empresas, y quedó en mayor duda cuando, según informes, Italia también retiró posteriormente su apoyo.

Si bien hoy se hizo un último intento para aprobar la directiva en el Consejo, estos esfuerzos supuestamente se descarrilaron aún más por un esfuerzo de último minuto por parte de Francia para reducir significativamente el alcance de las nuevas reglas para que se apliquen solo a empresas con más de 5.000 empleados, en lugar del umbral propuesto de 500 empleados, eliminando efectivamente aproximadamente el 80% de las empresas de las obligaciones del CSDDD.

Después de intentar lograr la aprobación, la Presidencia belga del Consejo emitió un comunicado que decía: «A pesar de los esfuerzos de la Presidencia, no se encontró el apoyo necesario (por mayoría cualificada). «Ahora tenemos que considerar la situación y veremos si es posible abordar las preocupaciones planteadas por los estados miembros, en consulta con el Parlamento Europeo».

Isabella Ritter, responsable de políticas de la UE en ShareAction, dijo: «Ahora es una carrera contra el tiempo para que la Presidencia belga trabaje con los líderes de la UE para poner fin al estancamiento y encontrar una manera de garantizar que se apruebe esta legislación crucial».

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28/02/24 (CompromisoRSE): El Parlamento Europeo aprueba la Ley de Restauración de la Naturaleza

A fin de alcanzar estos objetivos generales, los Estados miembros deben restaurar al menos el 30 % de los hábitats contemplados en la nueva ley (desde bosques, pastizales y humedales hasta ríos, lagos y lechos coralinos) para que pasen de un estado deficiente a uno bueno en 2030, porcentaje que aumentará al 60 % en 2040 y al 90 % en 2050. De acuerdo con la posición del Parlamento, los países de la UE deben dar prioridad a las zonas de la Red Natura 2000 hasta 2030. Cuando un área se encuentre en buenas condiciones, los países de la UE velarán por que no se deteriore de manera considerable. Los Estados miembros también tendrán que adoptar planes nacionales de restauración que detallen cómo pretenden alcanzar estos objetivos.

 

Ecosistemas agrícolas

 

Con vistas a mejorar la biodiversidad de los agroecosistemas, los países de la UE habrán de avanzar en dos de los tres indicadores siguientes: el índice de mariposas de los pastizales; la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas, y las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo. Además, deben tomarse medidas para aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios, ya que estos animales son buenos indicadores del estado general de la biodiversidad.

Dado que la restauración de las turberas drenadas es una de las formas más rentables de reducir las emisiones en el sector agrícola, los países de la UE deben reparar al menos el 30 % de las mismas (como mínimo deberá rehumedecerse una cuarta parte), el 40 % de aquí a 2040 y el 50 % para 2050 (donde habrá que rehumedecer al menos una tercera parte). El proceso de rehumidificación seguirá siendo de carácter voluntario para los agricultores y propietarios particulares.

A petición del Parlamento, la ley incluye un «freno de emergencia» que permitirá suspender los objetivos para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE.

Otros ecosistemas

Por otro lado, la ley exige una evolución positiva de varios indicadores en los ecosistemas forestales y que se planten 3 000 millones de árboles más. Los Estados miembros también tendrán que convertir al menos 25 000 km de ríos en cauces libres y garantizar que no se produzca una pérdida neta de la superficie nacional total de espacios verdes urbanos y de cubierta arbórea urbana.

Tras la votación, el ponente César Luena (S&D, España), declaró: «Hoy es un día importante para Europa: de la protección y conservación de la naturaleza pasamos a la restauración. La nueva ley nos ayudará a cumplir muchos de nuestros compromisos internacionales en materia medioambiental. El reglamento servirá para recuperar los ecosistemas degradados al tiempo que respetará al sector primario al dar flexibilidad a los Estados miembros. Debemos dar las gracias a la comunidad científica por luchar contra el negacionismo climático y aportar las evidencias, y a la juventud por recordarnos que no hay planeta B ni plan B».

27/02/24 (EfeVerde): Europa endurece las sanciones para los delitos ambientales

El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas normas y sanciones para los delitos ambientales con penas de hasta 10 años de cárcel en los delitos individuales y multas para las empresas de hasta el 5 % de la facturación mundial o 40 millones de euros.

La directiva que fue aprobada con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones, según indicó el Parlamento Europeo, contiene una lista actualizada de delitos, entre los que se incluye el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques.

La normativa, asimismo, contempla el denominado ‘delito cualificado’, como los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, «que conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, equiparable al ecocidio», de acuerdo con la Eurocámara.

«Los delitos contra el medioambiente cometidos por personas y representantes de empresas se castigarían con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños», expuso el PE.

Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión, los que causen la muerte de una persona con diez años y los demás con hasta cinco años.

El Parlamento subrayó que todos los infractores estarían obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas.

Multas de hasta el 5% de la facturación mundial. Para las empresas, las multas alcanzarán el 3 % o el 5 % de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito.

«Los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio», apuntó la Eurocámara.

La institución comunitaria insistió en que las personas que denuncien delitos contra el medioambiente deben recibir apoyo y asistencia en el marco de un proceso penal.

«También garantizó que los Estados miembros impartirán una formación especializada para policías, jueces y fiscales, prepararán estrategias nacionales y organizarán campañas de sensibilización para luchar contra la delincuencia medioambiental», manifestó.

Agregó que los datos recogidos por los Gobiernos de la Unión Europea sobre delitos contra el medioambiente «deberían ayudar a abordar mejor esta cuestión y a la Comisión a actualizar periódicamente la lista».

«Ya es hora de que luchemos contra la delincuencia transfronteriza a escala europea con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales. En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán», declaró el ponente de la Eurocámara, el neerlandés del Partido Popular Europeo Antonius Manders.

Entrada en vigor. La directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el boletín oficial de la Unión Europea y los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las normas a sus sistemas nacionales.

La delincuencia medioambiental es la cuarta actividad delictiva del mundo y una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada, junto con la droga, las armas y el tráfico de seres humanos. La Comisión presentó en diciembre de 2021 una propuesta para reforzar la protección del medio ambiente en la UE mediante el Derecho penal, con el objetivo de paliar el creciente número de infracciones penales contra el medio ambiente.

26/02/24 (UE): GreenData4All: normas actualizadas sobre datos geoespaciales medioambientales y sobre el acceso a la información medioambiental

La iniciativa GreenData4All contribuirá a alcanzar la transformación ecológica y digital de Europa mediante la actualización de las normas de la UE sobre datos geoespaciales medioambientales y sobre el acceso público a la información medioambiental. Su objetivo es:

– permitir un mayor intercambio de datos entre el sector público y el privado y con los ciudadanos

– aprovechar plenamente las ventajas del intercambio de datos para la innovación impulsada por los datos y las decisiones basadas en pruebas.

Plazo para comentarios: 26/02/24 – 25/03/24

Adopción prevista por la Comisión: Primer trimestre de 2025

22/02/24 (UE): ¿Cómo abordar las necesidades de infraestructura digital de Europa?

El Libro Blanco «¿Cómo satisfacer las necesidades de infraestructura digital de Europa?» analiza los desafíos que Europa enfrenta actualmente en el despliegue de futuras redes de conectividad y presenta posibles escenarios de cara al futuro. Los desafíos son múltiples: tecnología, necesidades de inversión, falta de mercados únicos para las telecomunicaciones, falta de igualdad de condiciones, dependencia, enfoque fragmentado para la gestión del espectro radioeléctrico, necesidad de más innovación y capacidades industriales en toda la cadena de valor de las telecomunicaciones, sostenibilidad y seguridad.

Hay varios escenarios posibles para abordar esos desafíos, atraer inversiones, fomentar la innovación, aumentar la seguridad y lograr un verdadero Mercado Único Digital. La Comisión pretende recopilar opiniones sobre los escenarios esbozados en el Libro Blanco y ofrecer a todas las partes interesadas: Estados miembros, sociedad civil, industria y académicos por igual, la oportunidad de contribuir a las futuras propuestas de la Comisión en este ámbito.

Plazo para comentarios: 22/02/24 – 30/06/24

22/02/24 (UE): Mejorar la protección de los tiburones mediante una pesca y un comercio sostenibles

En respuesta a la iniciativa ciudadana europea «Stop finning — Stop the trade» (Prohibición del cercenamiento y del comercio de aletas de tiburones), la Comisión está estudiando medidas para mejorar la protección de los tiburones. Esto incluye la posibilidad de que los tiburones solo se vendan, ya sea para su consumo dentro de la UE o para el comercio internacional, con sus aletas.

Cualquier posible iniciativa de la Comisión tendrá en cuenta los resultados de una evaluación del impacto medioambiental, social y económico de dichas medidas.

Plazo para comentarios: 22/02/24 – 16/05/24

22/02/24 (CompromisoRSE): La UE establecerá un marco de certificación para la absorción de carbono

Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político provisional sobre un Reglamento por el que se establece el primer marco de certificación a escala de la UE para la absorción permanente de carbono, la captura de carbono en suelos agrícolas y el almacenamiento de carbono en productos. Este marco de carácter voluntario tiene por objeto facilitar y acelerar la implantación en la UE de un alto nivel de calidad en las actividades de absorción de carbono y de reducción de las emisiones del suelo.

Una vez que entre en vigor, el Reglamento será el primer paso para establecer un marco global de absorción de carbono y de reducción de las emisiones del suelo en la legislación de la UE, y contribuirá al ambicioso objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, tal como establece el Reglamento sobre el Clima.

El acuerdo es provisional a la espera de que ambas instituciones lo adopten formalmente.

 

Ámbito de aplicación del Reglamento

 

El Reglamento incluye una definición abierta de la absorción de carbono, que está en consonancia con la utilizada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) de las Naciones Unidas y que hace referencia únicamente a la absorción de carbono atmosférico y biogénico. El Reglamento se aplicará a las siguientes actividades de absorción de carbono y de reducción de las emisiones y establece una diferenciación entre los cuatro tipos de unidades correspondientes:

– la absorción permanente de carbono (almacenamiento del carbono atmosférico o biogénico durante varios siglos);

– el almacenamiento temporal de carbono en productos duraderos (como productos de construcción a base de madera), cuya duración debe ser de al menos 35 años y que debe poder controlarse in situ durante todo el período de seguimiento;

– el almacenamiento temporal de carbono mediante la captura de carbono en suelos agrícolas (por ejemplo, mediante la recuperación de bosques y suelos, la gestión de humedales o las praderas de vegetación marina);

– la reducción de las emisiones del suelo (mediante la captura de carbono en suelos agrícolas), lo que incluye la reducción del carbono y del óxido nitroso mediante la gestión del suelo y de actividades que deben conducir, en términos generales, a una reducción de las emisiones de carbono del suelo o a un incremento de la absorción de carbono de materia biológica (algunos ejemplos de este tipo de actividad son la gestión de humedales, la siembra directa, las prácticas de cultivo de cobertura o la reducción del uso de fertilizantes combinada con prácticas de gestión del suelo).

Con respecto a la propuesta de la Comisión, lo anterior supone ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a la reducción de las emisiones del suelo. El almacenamiento temporal de carbono mediante la captura de carbono en suelos agrícolas y la reducción de las emisiones del suelo deben llevarse a cabo durante al menos cinco años para obtener la certificación y no deben dar lugar a adquisiciones de tierras con fines especulativos que afecten negativamente a las comunidades rurales.

Se encarga a la Comisión que, de aquí a 2026, elabore un informe sobre la viabilidad de certificar actividades que den lugar a la reducción de otras emisiones no relacionadas con los suelos (el carbono y el óxido nitroso). El informe se basará en una metodología de certificación piloto para actividades que reduzcan las emisiones agrícolas procedentes de la fermentación entérica y la gestión de estiércol.

Las actividades que no den lugar a la absorción de carbono o a la reducción de las emisiones del suelo, como, por ejemplo, la deforestación evitada o los proyectos de energías renovables, no se incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento. Los colegisladores también han acordado excluir la recuperación mejorada de hidrocarburos de las actividades permanentes de absorción de carbono y estipular expresamente que las actividades y los operadores del medio marino se incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento.

Las nuevas normas se aplicarán a las actividades que tengan lugar en la UE. No obstante, al revisar el Reglamento, la Comisión debe estudiar la posibilidad de permitir el almacenamiento geológico de carbono en terceros países vecinos, siempre que dichos países cumplan las normas medioambientales y de seguridad de la UE.

 

Criterios de certificación y procedimiento

 

El acuerdo provisional mantiene el requisito de la propuesta de la Comisión que establece que las actividades de absorción de carbono deben satisfacer cuatro criterios generales para obtener la certificación: la cuantificación, la adicionalidad, el almacenamiento a largo plazo y la sostenibilidad.

A partir de estos criterios, la Comisión, asistida por un grupo de expertos, elaborará metodologías elaborará metodologías de certificación adaptadas a los distintos tipos de actividades de absorción de carbono, para que los criterios de absorción de carbono se apliquen de manera correcta, armonizada y rentable. Los colegisladores han introducido algunos cambios para definir con mayor precisión a partir de qué criterios deben desarrollarse las metodologías y han incluido una lista de indicaciones sobre las actividades que deben priorizarse.

Los colegisladores han convenido en mantener los elementos principales del proceso de certificación y el carácter voluntario de la certificación, pero han aclarado de forma más precisa el funcionamiento del proceso.

En cuanto a la sostenibilidad de la captura de carbono en suelos agrícolas, los colegisladores han aclarado cómo deben interpretarse los objetivos de sostenibilidad y han establecido el requisito de que las actividades de captura de carbono en suelos agrícolas siempre generen al menos un beneficio secundario para la biodiversidad (como, por ejemplo, la salud del suelo o la prevención de su degradación).

Por lo que respecta a las actividades de captura de carbono en suelos agrícolas, el acuerdo provisional permite a los Estados miembros ofrecer asesoramiento a los agricultores sobre el procedimiento de solicitud y posibilita las sinergias entre el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIP) de la política agrícola común y la información generada en el proceso de certificación en virtud de este marco.

 

Beneficio neto

 

Las actividades certificadas de absorción de carbono y de reducción de las emisiones del suelo generarán unidades correspondientes (siendo una unidad igual a una tonelada métrica equivalente de CO2 de beneficio neto certificado resultante de una actividad de absorción de carbono o de reducción de las emisiones del suelo).

Los colegisladores han acordado además que las unidades certificadas solo podrán utilizarse para los objetivos climáticos de la UE y la contribución determinada a nivel nacional (CDN) y no podrán contribuir a las CDN de terceros países ni a ningún régimen internacional de cumplimiento. Estas normas, incluidas las relativas a los ajustes correspondientes, se revisarán en 2026.

 

Seguimiento y responsabilidad

 

El Reglamento establece obligaciones de seguimiento y normas de responsabilidad claras para los operadores. Los negociadores han acordado distinguir entre el período de la actividad y el período de seguimiento (que siempre abarca al menos el período de la actividad) y han aclarado que los operadores serán responsables de tratar los casos de reversión (es decir, los casos en los que el CO2 vuelve a ser liberado a la atmósfera) que se deriven de una actividad de absorción de carbono durante el período de seguimiento.

El acuerdo pide a la Comisión que incluya mecanismos de responsabilidad