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Es la hora de los DD.HH.: Directiva de Diligencia Debida en Europa y anteproyecto de ley en España

2 marzo 2022

 

Portada Directiva

 

El pasado 23 de febrero la CE publicó la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, a la par que el Gobierno de España presentó para consulta pública, el Anteproyecto de Ley de Protección de los derechos humanos, sostenibilidad y diligencia, precedido por la propuesta técnica de la Plataforma por Empresas Responsables. Todas estas normas obligarán a las empresas a garantizar el cumplimiento de su deber de respetar y no causar efectos adversos en los derechos humanos, el medio ambiente y el buen gobierno.

 

Con una diferencia de pocos días se han publicado dos normas que obligarán a las empresas españolas sobre el ejercicio de diligencia debida en materia de derechos humanos, lo que implica que estas identifiquen, evalúen, prevengan, interrumpan, mitiguen, supervisen, comuniquen, contabilicen, aborden y corrijan los efectos adversos posibles o efectivos para los derechos humanos, el medio ambiente y la buena gobernanza.

 

 

La Comisión Europea publicó la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, cuyo objeto es garantizar que las empresas (de la UE o de terceros países con actividades en ella) cumplan su deber de respetar y no causar efectos adversos en los derechos humanos, el medio ambiente y el buen gobierno. Casi en paralelo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España ha lanzado en España la consulta pública del Anteproyecto de Ley de Protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales de las empresas españolas, que viene precedido por la propuesta técnica de la Plataforma por Empresas Responsables.

 

Los tres documentos tienen coincidencias y divergencias, sobre todo en el nivel de detalle, como se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen:

 

 

 

PROPUESTA DE DIRECTIVA EUROPEA DE DILIGENCIA DEBIDA EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD

 

 

Siguiendo la nueva Directiva, las empresas a las que resulte aplicable la misma, deberán desarrollar procesos de debida diligencia y reparación de daños en sus propias actividades o las vinculadas directamente a sus operaciones (incluyendo a sus filiales, subsidiarias y cadenas de suministro).

 

Así mismo, la Directiva procura garantizar que se puedan exigir responsabilidades a las empresas, por los efectos adversos en los derechos humanos, el medio ambiente y la buena gobernanza que causen, o a los que contribuyan en su cadena de valor, y, además, pretende garantizar que las víctimas dispongan de acceso a recursos jurídicos.

 

El trabajo infantil y la explotación de los trabajadores en el ámbito de los derechos humanos, y la contaminación o la pérdida de biodiversidad en el área de medio ambiente, son algunos de los principales aspectos que se contemplan en los procesos de debida diligencia sobre los cuales las empresas deberán dar cuenta.

 

En relación con los dos primeros temas; la Comisión también presenta una Comunicación sobre el trabajo digno en todo el mundo, que establece las políticas en materia de asuntos interiores y exteriores que aplica la UE para hacer realidad el trabajo digno a nivel global.

 

¿A qué tipo de empresas será aplicable?

 

Respecto al alcance, como mencionamos anteriormente, esta propuesta se aplicará a las actividades propias de la empresa, sus filiales y sus cadenas de valor (relaciones comerciales establecidas de forma directa o indirecta). Por lo tanto, la normativa afectará a la responsabilidad tanto de las empresas europeas como de empresas de terceros países que operen en la UE.

 

Específicamente, la nueva norma de diligencia debida se aplicará a:

 

Empresas de la UE:

-Grupo 1: Todas las empresas de responsabilidad limitada de la UE de tamaño y poder económico considerables (más de 500 empleados y más de 150 millones de euros en volumen de negocios neto en todo el mundo).

-Grupo 2: Otras empresas de responsabilidad limitada con actividades en sectores definidos de gran impacto y que no alcancen los dos umbrales del grupo 1, pero que tengan más de 250 empleados y un volumen de negocios neto de 40 millones de euros en todo el mundo.

Para estas empresas, las normas empezarán a aplicarse dos años más tarde que para el grupo 1.

 

Empresas de países terceros con actividades en la UE con un umbral de volumen de negocios generados en la UE que se ajuste a los criterios de los grupos 1 y 2.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) no entran directamente en el ámbito de aplicación de esta propuesta (a excepción de aquellas que cotizan en el mercado de valores, y las consideradas de alto riesgo.

 

Resulta útil considerar que el resto de las pymes podrían verse afectadas indirectamente, como agentes de la cadena de valor y de las relaciones comerciales que puedan mantener con las empresas que sí se encuentran alcanzadas por esta Directiva.

 

La propuesta también incluye medidas de acompañamiento que apoyarán a todas las empresas, incluidas las pymes, que (como mencionamos anteriormente) puedan verse afectadas indirectamente. Entre las medidas figuran la creación de sitios web, plataformas o portales específicos, individual o conjuntamente, y posibles ayudas financieras a las pymes.

 

 

¿Qué deberán hacer las empresas?

 

Para cumplir con el deber de diligencia debida las empresas deberán:

 

Integrar la diligencia debida en sus estrategias, partiendo desde la alta dirección, quienes deberán establecer y supervisar la aplicación del plan de diligencia debida, teniendo en cuenta las consecuencias de sus decisiones en materia de DD.HH. y medio ambiente dentro del contexto del cambio climático;

Determinar, prevenir, mitigar y/o reducir los efectos negativos reales o potenciales en los DD.HH., el medio ambiente y la buena gobernanza.

Aplicar una diligencia debida en la cadena de valor, velando que sus relaciones comerciales establezcan y lleven a cabo políticas de derechos humanos, medio ambiente y buena gobernanza acordes con su estrategia de diligencia debida;

Establecer y mantener un procedimiento de reclamación;

Supervisar la eficacia de la estrategia y las medidas de diligencia debida,

Comunicar públicamente sobre diligencia debida.

 

Para medir la eficacia de sus procesos y la efectividad de las medidas tomadas, las empresas deberán hacer auditorías, acompañadas de informes públicos de evaluación, destacando la posibilidad de usar igualmente certificaciones para terceros.

 

 

¿Por qué es importante esta Directiva?

 

Para las empresas, estas nuevas normas aportarán seguridad jurídica y condiciones de competencia equitativas. Aumentará la seguridad, la transparencia y generará relaciones de suministro más a largo plazo.

 

Para los consumidores y los inversores, aportarán más transparencia. La diligencia debida, va a contribuir a proteger los intereses de los consumidores garantizando la calidad y fiabilidad de los productos, y debiera conducir a unas prácticas de compra más responsables.

 

Las nuevas normas de la UE impulsarán la transición ecológica y protegerán los derechos humanos en Europa y fuera de ella.

 

Ahora la Directiva deberá someterse a aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa para que se convierta en norma de la UE. Una vez concluido el proceso, los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar la Directiva al ordenamiento jurídico nacional y comunicar los instrumentos pertinentes a la Comisión.

 

Si quieres leer la propuesta directiva completa haz clic aquí.

 

 

ANTEPROYECTO DE LEY ESPAÑOLA DE DD.HH., SOSTENIBILIDAD Y DILIGENCIA DEBIDA EN ACTIVIDADES TRANSNACIONALES

 

 

Esta vez España (que debería trasponer la Directiva europea una vez se haya aprobado) se adelanta con un Anteproyecto de la Ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales, que se encuentra en periodo de consulta pública hasta el próximo 3 de marzo.

 

Este anteproyecto de ley se propone regular la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y medioambientales en el conjunto de las actividades desarrolladas a lo largo de sus cadenas globales de valor, incluyendo mecanismos de diligencia debida, aportando seguridad jurídica a las relaciones económicas entre Estados, evitando prácticas de competencia desleal.

 

Además, prevé regular un sistema de infracciones y sanciones para las empresas que incumplan con la ley, garantizando el acceso a la justicia y a la información de cualquier persona afectada por dichas actuaciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida de las empresas.

 

Para ello el proyecto propone nombrar una autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la ley, sin interferir en el acceso a la justicia efectiva de las personas y comunidades afectadas por la vulneración de los derechos humanos y ambientales por parte de las empresas.

 

De esta manera, se eliminarán los obstáculos que impiden el adecuado ejercicio del derecho de las víctimas al acceso a la justicia ante los tribunales españoles, independientemente del lugar en el que se haya cometido la vulneración.

 

 

Plataforma por Empresas Responsables y su propuesta técnica de ley de Debida Diligencia en nuestro país

 

Desde junio de 2021, la Plataforma por empresas responsables estaba trabajando por la adopción de una obligación formal de Diligencia Debida en España y para ella elaboró una propuesta técnica con el objeto de que la futura ley:

 

Determine la obligación de las empresas de desarrollar e implementar los planes de debida diligencia, así como la sanción del incumplimiento de esta obligación.

Asegure el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas que han sufrido vulneración de los derechos humanos y medioambientales.

 

Respecto al anteproyecto de ley presentado, la Plataforma va más allá en dos temas:

 

Plantea un sistema de infracciones y sanciones disuasorio, para el caso de no cumplimiento de la obligación principal; es decir, plantea la posibilidad de sancionar a aquellas empresas que no hayan implementado las medidas mencionadas sin necesidad de esperar a que se produzca un daño.

Propone introducir la obligación formal de que todas las empresas deben respetar los derechos humanos de las mujeres e introducir una perspectiva de género dentro de la diligencia debida, mientras que el anteproyecto no menciona siquiera a las mujeres.

 

 

Si quieres conocer más en detalle sobre esta Plataforma y sus propuestas o adherirte a ella, haz clic aquí.

 

 

 

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