NOVEDADES REGULATORIAS ASG DEL MES DE ABRIL
Madrid, 17 de abril de 2024.
Desde la perspectiva de la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial, es crucial mantenerse actualizado sobre las últimas novedades regulatorias. En este sentido, en DIRSE hemos recopilado un conjunto de textos que abordan diversas facetas de la legislación relacionada con el cambio climático, la gestión de riesgos climáticos y la promoción de prácticas sostenibles en la Unión Europea desde marzo hasta abril.
Estos textos abarcan desde directivas destinadas a combatir el greenwashing y mejorar la transparencia en la publicidad ambiental, hasta propuestas para fortalecer la adaptación y resiliencia frente al cambio climático en el ámbito empresarial y gubernamental.
Vamos con nuestro repaso de novedades regulatorias de los últimos dos meses:
Sentencia histórica en materia de Cambio Climático.
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El pasado 9 de abril el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó un fallo histórico en relación con las problemáticas derivadas del cambio climático. El caso judicial, conocido como "Klimaseniorinnen contra Suiza", tuvo su inicio el 26 de noviembre de 2020, cuando un colectivo femenino de personas mayores decidió entablar una demanda contra Suiza ante el TEDH. Entre las demandantes se contaban más de 2.000 mujeres mayores de 65 años, incluyendo cuatro mujeres con más de 80 años que sufrieron problemas de salud durante períodos de olas de calor. Lamentablemente, una de las demandantes, nacida en 1931, falleció durante el curso del proceso judicial.
El argumento principal de las apodadas "Abuelas por el clima" se centró en la violación de los derechos consagrados en los artículos 2 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, los cuales garantizan el derecho a la vida y a la salud. Estas mujeres sostuvieron que Suiza estaba incumpliendo su obligación de proteger efectivamente la vida en el contexto del cambio climático sin proponer medidas paliativas al respecto, haciendo caso omiso de la abrumadora evidencia científica al respecto.
Este fallo marca un punto de inflexión importante en la lucha contra el cambio climático, no solo para Suiza, sino también para otros países europeos que enfrentan desafíos similares. La Asociación Klimaseniorinnen espera que esta decisión impulse a los gobiernos a tomar acciones más enérgicas para abordar el cambio climático y proteger los derechos de las personas mayores en todo el continente.
El Consejo Europeo pospone la Ley de Restauración de la Naturaleza ante la falta de consenso entre los Estados miembros
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Después de un prolongado proceso de negociación y ante la ausencia de un acuerdo entre los estados miembros, el Consejo Europeo decidió eliminar de su agenda el punto relativo a la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza.
Esta legislación tiene como objetivo que los países de la UE implementen de manera obligatoria medidas para restaurar al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas para 2030, y todos los ecosistemas que requieran restauración para 2050. Sin embargo, antes de la votación programada, varios estados miembros, incluidos Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, los Países Bajos, Polonia y Suecia, indicaron que se opondrían o se abstendrían. Con la votación ya en riesgo, Hungría anunció posteriormente que se opondría a la ley, a pesar del apoyo de los diputados húngaros que votaron a favor de su adopción en el Parlamento, lo que indica que la legislación no alcanzaría la mayoría requerida para tener éxito.
El fracaso de la Ley de Restauración de la Naturaleza en el Consejo pone en peligro el futuro de la legislación, con escasa capacidad para renegociar la ley dadas las próximas elecciones al Parlamento Europeo en junio. Tras esta negativa varios europarlamentarios han advertido que esta acción dañaría la reputación de la UE y su capacidad para influir en las políticas ambientales.
Comienza el debate sobre la Propuesta de Directiva relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas (Directiva anti greenwashing)
Esta propuesta de Directiva, que forma parte de un paquete de regulatorio para evitar el greenwashing forma parte de un conjunto regulatorio destinado a fortalecer la posición de los consumidores durante la transición hacia prácticas más ecológicas. Esta directiva exigirá a las empresas que respalden sus afirmaciones sobre productos "biodegradables" o "menos contaminantes" con datos verificables dentro de un plazo de 30 días, mientras que las declaraciones más simples podrían ser verificadas más rápidamente.
Además, se prohibirán las afirmaciones de reducción de emisiones que dependan exclusivamente de compensaciones de carbono, aunque se permitirán si se respaldan con créditos de carbono certificados para emisiones residuales. Del mismo modo, se exigirá a las empresas que las alegaciones y compromisos ambientales de las marcas, productos y servicios sean claros, objetivos y verificables, mediante sistemas de certificación. Además, se añaden nuevas prácticas expresamente prohibidas sobre prácticas comerciales desleales.
Los Estados miembros deben adoptar y publicar las disposiciones necesarias para cumplir con esta directiva antes del 27 de marzo de 2026, con una fecha límite para su implementación el 27 de septiembre de ese mismo año. El objetivo principal de esta Directiva es empoderar a los consumidores en su transición hacia un consumo más ecológico, brindándoles una mejor protección contra prácticas comerciales desleales y más información sobre los productos que adquieren.
Aprobada la Directiva de Diligencia Debida
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Después de varios intentos, se ha logrado un acuerdo sobre la Directiva de Diligencia Debida Empresarial para la Sostenibilidad que ha experimentado modificaciones significativas en sus umbrales y plazos de implementación. Inicialmente dirigida a empresas con 500 empleados y una facturación de 150 millones de euros, ahora se aplicará a aquellas con 1.000 empleados y una facturación de 450 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 0,05% de todas las empresas de la UE. Además, se eliminó el enfoque en los "sectores de riesgo" y se estableció un calendario de implementación extendido: las grandes empresas deberán adoptarla en un plazo de 3 a 5 años, dependiendo de su tamaño y facturación.
El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional con respecto a esta Directiva, la cual busca mejorar la protección del medio ambiente y los Derechos Humanos tanto dentro de la UE como a nivel global. Esta legislación establecerá normas sobre las obligaciones de las grandes empresas en relación con los impactos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente, abarcando sus propias operaciones, las de sus filiales y las de sus socios comerciales.
Además, la Directiva establece disposiciones sobre sanciones y responsabilidad civil en caso de incumplimiento, y exige a las empresas la adopción de un plan que asegure la compatibilidad de su modelo de negocio y estrategia con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
Comunicación de la UE para una mejor gestión de riesgos climáticos
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La Comisión Europea ha lanzado una Comunicación detallando cómo la UE y sus Estados miembros pueden anticipar, comprender y abordar de manera más efectiva los crecientes riesgos asociados al clima. Esta comunicación también presenta estrategias para la preparación y aplicación de políticas que no solo salven vidas y reduzcan costos, sino que también protejan la prosperidad en toda la Unión Europea.
Este documento es una respuesta a la primera Evaluación Europea del Riesgo Climático (EUCRA), un informe científico presentado por la Agencia Europea de Medio Ambiente. Ambos informes, la comunicación y la evaluación, instan a la acción a todos los niveles de gobierno, así como al sector privado y la sociedad civil. Resaltan la exposición de todos los principales sectores a los riesgos climáticos, la gravedad y urgencia de estos riesgos, y la necesidad de claridad en cuanto a quién tiene la responsabilidad de abordarlos.
El año 2023 fue el más cálido registrado hasta ahora, la temperatura media mundial había superado el umbral de 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París durante los doce meses anteriores. Dado que la UE está tomando medidas a nivel mundial para reducir las emisiones y limitar el cambio climático, también se deben tomar medidas para adaptarse a los cambios ya inevitables y proteger a las personas y la prosperidad. Una encuesta del Eurobarómetro reveló que el 77 % de los europeos considera que el cambio climático es un problema muy grave, y más del 37 % ya se siente personalmente expuesto a los riesgos climáticos.
La Comisión Europea instó a los Estados miembros a mejorar la gobernanza para abordar los riesgos climáticos, promoviendo la cooperación entre niveles de gobierno. Además, se enfatizó la necesidad de capacitar a responsables políticos, empresas e inversores sobre los riesgos climáticos y la financiación sostenible. Se prevé una mejora de las herramientas para ayudar a las autoridades locales y se establecerá un servicio de alerta por satélite. También se impulsarán políticas estructurales para gestionar riesgos climáticos, y se movilizarán fondos públicos y privados para financiar la resiliencia climática, promoviendo la integración de criterios climáticos en la contratación pública sostenible.