Antes de la disolución de las Cortes, el actual Gobierno se ha apresurado a llevar a cabo la creación del Consejo de Desarrollo Sostenible y la aprobación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
La pasada semana, se publicó en el BOE la Orden por la que se crea el Consejo de Desarrollo Sostenible (Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero) cuyo objetivo no es otro sino lograr la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país. Se trata de un órgano colegiado cuya finalidad es actuar como asesor, colaborar y dar cauce a la participación de la sociedad civil para el cumplimiento de los 17 ODS con sus correspondientes 169 objetivos económicos, sociales y ambientales que integran la Agenda 2030.
El Consejo está adscrito a la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, la cual dirige Cristina Gallach y tendrá las siguientes funciones:
Asesorar a la Alta Comisionada para la Agenda 2030 en la elaboración e implementación de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de la Agenda 2030.
Generar documentos y análisis sobre aspectos de la implementación para la consecución de la Agenda 2030.
Contribuir a la divulgación y comunicación de la Agenda 2030 al conjunto de la ciudadanía española.
Impulsar el diálogo entre todos los agentes sociales, económicos y culturales para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Consejo de Desarrollo Sostenible estará presidido por Cristina Gallach y contará también con 48 personas representantes de la sociedad civil y dos representantes del órgano de cooperación interterritorial. Por el momento se desconocen los criterios utilizados a la hora de incluir a las organizaciones o instituciones que forman parte de dicho Consejo.
Por otro lado, la semana pasada también se aprobó, en uno de los últimos Consejos de Ministros de esta legislatura, un nuevo anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) que establecerá un marco normativo para lograr la descarbonización de España en 2050 tal como ha establecido la UE. El objetivo final es limitar el calentamiento global y el aumento de temperatura.
Este anteproyecto de Ley está orientado a reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
En lo relativo a la movilidad, esta Ley no permitirá en 2040 la matriculación y venta de vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2), es decir los impulsados por gasolina, diésel, híbridos, gas natural y gas licuado del petróleo (GLP), buscando así una movilidad sostenible.
También se prevé potenciar el empleo, así como políticas de formación profesional, en sectores de las energías renovables, industriales y de la construcción. Además de impulsar la rehabilitación de al menos 100.000 viviendas al año para fomentar la eficiencia energética, también se buscará la rehabilitación de edificios públicos y privados para transformarlas en edificaciones más eficientes energéticamente y descarbonizadas.
El anteproyecto de Ley busca promover la implicación de la sociedad en las acciones frente al cambio climático, para ello reforzará el conocimiento, la capacitación en los nuevos nichos de trabajo del futuro y la responsabilidad social frente al mismo.
