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¿Qué pasa con la dimensión social en la ISR? Informe Spainsif

27/01/21

 

“La dimensión social de la inversión sostenible” es el título del informe recientemente presentado por Spainsif, que estudia el papel de la dimensión social en la ISR a pesar de la pujanza de los temas ambientales y por los efectos de la covid-19, cuya crisis sanitaria ha potenciado fuertemente los criterios sociales, que se colocan en un primer plano, aunque sigan siendo los más complejos de medir y monitorizar.

 

 

La crisis sanitaria ha potenciado fuertemente los criterios sociales, que se colocan en un primer plano, aunque el peso de la inversión sostenible siga recayendo en los aspectos ambientales; esta es la conclusión del Informe “La dimensión social de la inversión sostenible” presentado recientemente por Spainsif, entidad colaboradora de DIRSE.

 

 

A continuación, te exponemos las ideas principales de este estudio que comienza con una introducción sobre el concepto de la ISR, tipologías y situación en España y Europa, para pasar a centrarse en la dimensión social de estas inversiones, a través de sus marcos de referencia, sus implicaciones en la transición ecológica y los efectos de la covid-19, para finalizar con las perspectivas de futuro.

 

 

MARCOS DE REFERENCIA PARA LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA ISR

 

Actualmente existen y crecen las herramientas y normas que analizan los temas sociales y ayudan al inversor ASG a tomar decisiones al respecto. Entre ellos, el estudio menciona los siguientes:

 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los ODS (precisamente los primeros ODS tienen un alto contenido social).

Las directivas europeas de divulgación de información no financiera como la Ley 11/2018 ponen especial énfasis en los aspectos sociales y establecen la necesidad de informar sobre temáticas sociales por parte de las empresas.

El desarrollo de herramientas de información no financiera como son las guías de reporting de memoria de sostenibilidad (GRI, IIRC, SASB, CDSB). Aunque estas metodologías son diferentes, lo que dificulta la comparabilidad de los estados de información no financiera; estas entidades se han comprometido a trabajar en forma conjunta para lograr la comparabilidad de dichos informes.

 

 

INICIATIVAS PARA QUE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA SEA JUSTA

 

Para que la transición ecológica sea justa y se mitiguen sus impactos en la sociedad, contamos con una serie de mecanismos como son:

 

El Mecanismo para una Transición Justa (MTJ), perteneciente al plan de inversiones del Pacto Verde Europeo para ayudar a aquellas regiones y sectores más afectados, cuyas actividades tengan una gran dependencia de los combustibles fósiles o altos niveles de intensidad de emisión de gases de efecto invernadero; por lo que se prevé un declive de la producción económica y del empleo.

El Reglamento de taxonomía (cuya adopción es inminente), por el que se establecen los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión, que además debe estar en consonancia con unas garantías sociales mínimas establecidas por organismos como la OIT, la ONU, la OCDE, de manera de integrar aspectos sociales en los objetivos climáticos de la UE.

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética donde se indica que la transición a una economía descarbonizada ofrecerá un amplio espectro de oportunidades de inversión y de empleo. Además, establece la necesidad del Gobierno de aprobar cada cinco años una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales del territorio afectado por la transición.

 

 

ADAPTACIÓN AL SHOCK DE MERCADO POR EL COVID-19

 

El actual panorama social, agravado por la covid-19, muestra efectos negativos tales como el aumento de la pobreza, la falta de vivienda adecuada y agua corriente, el acceso limitado a las instalaciones sanitarias oficiales, entre otros. Por ello, para mitigar el impacto de la pandemia y construir una economía resiliente a futuros impactos, es necesario integrar los aspectos sociales en las actividades económicas y el sistema financiero.

 

Siguiendo esta línea y con el objetivo de dar una respuesta a esta situación, la Unión Europea ha lanzado el Programa Next Generation EU, que consta de tres fondos (El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) y otros fondos adicionales a otros programas o fondos europeos, como Horizonte 2020, InvestEU, Desarrollo Rural o el Fondo de Transición Justa (FTJ), cuyo objetivo es obtener fondos en el mercado de capitales para construir una Europa post-COVID más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros.

 

 

Asimismo, las inversiones sostenibles han mostrado un mejor comportamiento que las inversiones tradicionales, ya que supieron integrar de manera más eficiente los riesgos que se vieron materializados en esta crisis. Además, se ha observado que durante la crisis de la covid-19 (y mucho antes también), estas inversiones han captado la atención de clientes y numerosas instituciones, anteriormente poco interesadas por productos sostenibles. Este panorama, sumado al apremio de las necesidades sociales referidas al inicio, generan expectativas de una recuperación en la que la apuesta estará centrada en las finanzas sostenibles.

 

 

 

EL FUTURO DE LAS INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

 

En la recuperación económica y debido a la coyuntura legislativa europea actual, se prevé que las finanzas sostenibles tengan un papel fundamental.

 

Por su parte, las inversiones de impacto han tenido en los últimos años un rápido crecimiento y se espera que lo sigan haciendo ya que se utilizan para tipos de proyectos ambientales y sociales que están teniendo una fuerte demanda y una percepción positiva del mercado. A esto se suman los bonos sociales y bonos de impacto social para financiar proyectos sociales como infraestructura básica, acceso a servicios esenciales, etc.

 

Además, la UE está trabajando en una taxonomía social, que permita identificar aquellas actividades económicas que tienen una contribución sustancial a la adaptación y mitigación del cambio climático, como parte del desarrollo de la regulación sobre finanzas sostenibles.

 

Como consecuencia natural, se espera que los reguladores y políticos continúen colaborando con la comunidad inversora para garantizar la integración y la mejora de los requisitos sociales de las inversiones.

 

Para ampliar esta información podéis descargar a continuación el estudio completo:

 

 

Estudio completo

 

 

 

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